En muchos países se abre un debate constante sobre quiénes son más “legítimos” al cruzar sus fronteras: los migrantes que emprenden y generan ingresos, o aquellos que dependen del apoyo de organizaciones humanitarias. Unos son vistos como motores económicos; otros, como sujetos de asistencia. Sin embargo, esta distinción simplifica una realidad compleja, donde la dignidad humana no debería medirse únicamente por la capacidad de producir.

La misma discusión se traslada al turismo. Como visitante, surge la pregunta: ¿quién tiene más derecho a hacer turismo en un país? ¿El turista que se aloja en hoteles, compra recuerdos, ropa, electrodomésticos o relojes, y utiliza intensamente la infraestructura turística, contribuyendo de manera directa a la economía local? ¿O aquel que viaja en familia, se hospeda en departamentos privados, cocina en casa, no adquiere productos locales ni visita museos o exposiciones, pero hace uso de los espacios públicos, del agua potable, de los parques, de los ríos y de los senderos naturales?

El primer modelo impulsa el consumo y sostiene sectores económicos clave, pero también puede generar dependencia del turismo masivo y presión sobre los recursos. El segundo reduce el gasto, pero promueve una forma de viaje más discreta, menos comercial, aunque igualmente consume bienes comunes financiados por la sociedad anfitriona.

Así, la pregunta no es solo quién aporta más dinero, sino cómo se define el derecho a estar, a circular y a conocer un país. ¿Debe medirse por el impacto económico inmediato, o por el respeto, el cuidado y la convivencia con el territorio y sus habitantes? Tal vez el verdadero desafío no sea elegir entre unos y otros, sino repensar qué tipo de migración y de turismo se desea fomentar, y bajo qué valores se construye esa convivencia.